Los pactos y la estrategia de guerra sucia

El Sur 15/12/10

Saúl López Sollano
Con la presencia de Érit Montúfar y Antonio Nogueda Carbajal en la campaña de Manuel Añorve Baños, se prueba lo que recientemente denunció Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (El Sur 10-12-10) en el sentido de que Zeferino Torreblanca Galindo pactó con el viejo régimen y el PRI representados en ese tiempo por René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer, para dejar intacto todo y no tocar sus intereses. Esto también se refleja en compromisos como sostener el proyecto hidroeléctrico de La Parota y la compra del fertilizante al eterno proveedor, pero sobre todo mantener el estado de impunidad para no remover los asuntos de violaciones a los derechos humanos y crímenes del pasado donde están involucrados además de Figueroa Alcocer, el general de cinco estrellas Mario Arturo Acosta Chaparro, exonerado mediante “acuerdos de Estado” por los crímenes de lesa humanidad de los años 1970.
Acosta Chaparro fue brazo ejecutor de asesinatos y desapariciones políticas durante la llamada guerra sucia del sexenio negro, y se desempeña hoy día como flamante asesor del gobierno de Felipe Calderón en asuntos de narcotráfico y seguramente de contrainsurgencia, su especialidad. Mientras que Érit Montúfar recientemente fue sacrificado como jefe de la Policía Ministerial para cubrir al inepto procurador de facto Albertico Guinto Sierra, quien ordenó la paliza propinada a miembros del Comité de Amigos de Armando Chavarría Barrera, quienes protestaban pacíficamente por el sesgo que le estaba dando a las investigaciones del asesinato del entonces presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de estado, para enderezarlas contra la propia víctima y su familia.
Como buen servidor se dice que Montúfar todavía trabaja para el gobierno agónico de ZTG. Por su parte Antonio Nogueda Carbajal también está manchado en su carrera policial, ya que durante los regímenes priístas de los 1980 se ocupó de reprimir con violencia las tomas de tierras de la Costa Chica y de encarcelar campesinos, pero su obra máxima fue su participación en la desaparición del dirigente del PRT en el estado de Morelos Ramón García Gómez a finales de aquella década, siendo jefe policiaco en ese estado, y en represalia por una protesta que el perretista encabezó contra el recién investido presidente Carlos Salinas de Gortari, quien llegó al máximo cargo del país tras el monumental fraude cometido contra nuestro candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Los cargos de jefes de la Policía Investigadora Ministerial, ministerios públicos y jueces del gobierno zeferinista siguen estando en manos de funcionarios del viejo régimen, amigos de partido de Montúfar, Nogueda Carbajal y Figueroa Alcocer. Ello explica la persecución y detención de una decena de dirigentes sociales a quienes se da trato de delincuentes comunes, como los casos de los dirigentes de la CETEG, Jorge García y Félix Moreno Peralta; del defensor de los derechos humanos Bertoldo Martínez Cruz, del dirigente perredista David Molina Francisco y recientemente del dirigente campesino de la OCSS Benigno Guzmán Martínez, entre otros.
En este mismo sentido el hostigamiento contra dirigentes comunitarios de Ayutla que de manera permanente han venido denunciado las tropelías del Ejército y la organización de grupos paramilitares al estilo de Chiapas, con la finalidad de desarticular las luchas comunitarias y autogestivas. Es preocupante la persecución contra el activista Cuauhtémoc Ramírez, de la OPIM, quien se encuentra amenazado de muerte por su apoyo a las luchas de los indígenas de esta región.
Pero esta política represiva y persecutoria contra las luchas sociales e indígenas que evidentemente es una estrategia nacional del calderonismo apoyada por Zeferino Torreblanca Galindo y sus polizontes priístas, está golpeando también a los líderes del municipio autónomo de Rancho Nuevo de la Democracia ubicado en territorio de Tlacoachistlahuaca, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca y Metlatónoc. A finales de octubre un grupo de policías ministeriales allanó casas en la comunidad de Rancho Viejo (hoy Rancho Nuevo de la Democracia), buscando a Marcelino Isidro de los Santos por supuestos delitos que tienen que ver con la lucha social y comunitaria, pero por los que ya fue castigado al permanecer en prisión más de dos años en la cárcel de Ometepec.
Se trata del mismo patrón implementado en la detención de Benigno Guzmán de la OCSS: revivir órdenes de aprehensión que ya prescribieron y por las que ya recibieron castigo, lo que constituye una abierta violación a las garantías constitucionales, no importando crear un ambiente de tensión social y de miedo entre la población campesina, siempre marginada y vejada.
En esa misma lógica represiva se encuentra el hostigamiento del Ejército mexicano y el gobierno zeferinista en contra de la Policía Comunitaria de la Costa Chica-Montaña, con asiento en San Luis Acatlán, a quienes bajo acusaciones infundadas se les impide su legalización, se entorpecen sus funciones, se les desarma y se les persigue, cuando es una institución comunitaria que además de promover el desarrollo de los pueblos garantiza la seguridad pública con un enfoque social.
Estos ataques y guerra sucia no son nuevos. El viejo régimen los ha usado para desalentar a la ciudadanía de su participación electoral, creando terror, temor y represión, porque saben que la votación masiva les es adversa, por lo que le apuestan al voto corporativo, comprado, mediante la estrategia del voto del hambre, y al voto presionado por el miedo. Un escenario de participación ciudadana conviene a la coalición Guerrero nos Une que abandera Ángel Aguirre Rivero, mientras que la abstención es la carta del candidato del viejo régimen.
Los componentes de la estrategia añorvista están a la vista: guerra sucia, donde se combinan propaganda, rumores infundios, violencia y zozobra. No hay propuesta ni programa, la campaña del viejo régimen es de ocurrencias y ofertas fáciles, nada cuesta ofrecer todo gratis y carretadas de dinero inexistentes cuando se carece de autoridad moral para hacerlo. Hablar de dotar de agua a Chilpancingo, cuando Acapulco está en la ruina y sediento es una falta a la inteligencia ciudadana. Ante la derrota inminente de la alianza harán hasta lo indecible para restaurar el viejo régimen, pero la gente los rechaza y eso se nota en los tonos, colores y ánimos de las campañas. Rostros adustos, enojo y frustración porque el derroche de dinero y los artistas de televisa no calientan ni levantan muertos, en la de Añorve. En contraste, el ánimo y la participación masiva, los rostros desbordando alegría, como símbolos de triunfo, en la de Aguirre. El efecto bola de nieve nadie lo detiene. De ahora en adelante ni Peña Nieto ni nadie levantará de las cenizas a un atribulado Añorve y su desvencijada campaña. El efecto de bola de nieve está haciendo que la guerra sucia se les revierta, que los millones de pesos causen un efecto electoral inverso y aún el poder de los medios televisivos sirvan para promover la campaña de Ángel Aguirre Rivero. No hay reversa.